La colaboración entre el sector público y el privado de la Sanidad siempre ha existido, de una u otra forma y con mayor o menor grado de desarrollo. Un ejemplo de ello son los conciertos que se establecen desde hace muchos años para descongestionar el sistema público a través de listas de espera (médicas o quirúrgicas) o pruebas diagnósticas entre otras. Otro ejemplo son los conciertos con mutualidades de funcionarios públicos (Muface, Mugeju e Isfas).
Posteriormente, esa colaboración se ha visto reforzada por otros modelos como el PFI (Private Financial Initiative) o el PPP (Public Private Partnerships) mediante los cuales el sector privado gestiona los servicios sanitarios de un hospital público (limpieza, mantenimiento, etc), además de estos, los sanitarios, o todo lo anterior incluida el área de Atención Primaria. En este último caso se realiza a través de un pago capitativo y su máximo exponente radica en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid, con clara tendencia a progresar.
Aunque fórmulas de colaboración o gestión privada en la sanidad pública existen en la mayoría de la comunidades autónomas, al margen del partido político que gobierna, existe una clara dicotomía en cuanto la iniciativa privada pretende introducirse en la gestión integral hospitalaria. Los de un partido son claros partidarios del modelo mientras que otros son claros detractores. Esta situación contrasta con la postura tomada por los partidos socialdemócratas de los países nórdicos y Reino Unido, que fueron los pioneros en introducir en Europa los modelos de colaboración público-privado. Lo que demostraría que mientras en Europa la colaboración entre el sector público y el privado en la Sanidad se rige por criterios de calidad y eficiencia, en España aún predomina la vertiente ideológica.
